miércoles, 28 de mayo de 2014

Diputados piden informes acerca de la situación institucional de El Trapiche.

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Legisladores del Frente Progresista solicitaron información acerca de las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial, ante la acefalía total de las autoridades  en la localidad.
El pedido de informe tiene como finalidad, conocer de modo detallado, las medidas concretas que está llevando el Gobierno provincial, en El Trapiche.

El objetivo de la solicitud, según remarca el documento es “garantizar la correcta provisión de los servicios básicos a los vecinos, garantizar su autonomía política, administrativa y financiera, y resguardar la seguridad jurídica e institucional para una pacífica normalización de la Municipalidad”.

El escrito pide más precisiones acerca de la normativa vigente “que le atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de encargar al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto a que proceda a asegurar los bienes y documentos del Municipio de El Trapiche, y realizar un exhaustivo seguimiento, asesoramiento y supervisión de las actividades del mismo”.


Otro de las aristas más importantes es conocer la situación administrativa del Municipio, inventario de bienes muebles e inmuebles, fondos disponibles y deudas a la fecha, la situación de los trabajadores y su condición laboral.

Comunicado del Frente Progresista Cívico y Social: “Mejor si nadie nos controla”.



Con ese objetivo, en la Asamblea Legislativa del día de hoy la mayoría del Oficialismo parlamentario ha burlado el sistema Republicano de Gobierno, al desconocer la expresión de la soberanía popular (Art. N° 2 de la CP) en la representaciones parlamentarias de los Partidos y/o Frentes Políticos que integramos esta Legislatura, de acuerdo al resultado de las últimas elecciones de octubre de 2013, violando el Art. N° 242 de la CP con respecto a la representación de la minoría en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, habiendo elegido indebidamente la mayoría un miembro de su propia alianza política en supuesta representación de la minoría para ocupar ese cargo, vulnerando nuestro derecho político-constitucional de nominar a quien  legítimamente debe ocupar el mismo.

Resaltamos que los responsables de esta actitud no son los legisladores oficialistas, sino quienes les dieron las órdenes o sea: Claudio Poggi que no quiere que lo controlen y Adolfo Rodriguez Saa, que utiliza los cargos públicos de control para poner a sus aliados políticos de la última elección. Para que siga existiendo como hasta hoy, un Tribunal de Cuentas complaciente, en silencio y que seguro no controlarán nada.

Semejante actitud merece nuestra defensa en el ámbito Judicial, al que recurriremos, solicitando la nulidad de la decisión por inconstitucional y violatoria del principio de la soberanía popular y la representación de la minoría en el control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Diputados Provinciales: Ceballos Walter, Cacace Alejandro, Martín González , Fara José Alberto, Haddad Fidel, Juan M Rigau, Gabriel Muñoz, Raúl Laborda