miércoles, 17 de diciembre de 2014

Pelea judicial sobre la composición de la Cámara de Diputados: Fuerte respuesta del Gobierno.

Mostrando Frente de la Legislatura 003 WP 1.jpg 
LEGISLATURA. Con un oficialismo sobre-representado.

Fiscalía de Estado negó que sea competencia de los jueces resolver sobre la composición del Poder Legislativo. El Gobierno acusó al diputado Alejandro Cacace por la disputa.

En una larga contestación de 17 páginas, Fiscalía de Estado, quien detenta la representación judicial  del Gobierno, señaló que la representación de la Cámara Baja debe ser  modificada por los legisladores.

La demanda de inconstitucionalidad presentada por Cacace a la Justicia en el año  2013 planteaba la inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley Electoral Provincial, que petrifica la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Provincial y con ello la composición de la Cámara de Diputados, que la Constitución manda a que se actualizada en base a la población actual de los departamentos según los últimos censos.

No obstante, pese a considerar que la materia planteada en el proceso es una Cuestión Política no Justiciable, es decir, que no es competencia de los jueces poder determinar si debe actualizarse la representación política en la Cámara de Diputados, el Gobierno en el fondo reconoce que la Disposición Transitoria Cuarta debe ser modificada, y es tarea del Poder Legislativo hacerlo.

La Legislatura lleva más de 23 años, con 3 censos nacionales de por medio posteriores a la reforma constitucional de 1987, con un sistema de mala asignación de escaños y la sobrerrepresentación de departamentos, que beneficia al oficialismo.  Al considerar la situación particular de Alejandro Cacace, Fiscalía de Estado acusó al legislador de no buscar los consensos o mayorías en la Legislatura, a través de la presentación de un proyecto de ley que ponga fin a la vigencia de la Disposición Transitoria, y en su lugar recurrir a los jueces para resolver el problema.

“Llama la atención que Fiscalía de Estado desconozca que al momento de iniciar la demanda no era diputado, y que existe una larga discusión política sobre el tema desde el año 2008. Seguimos al día de hoy con una composición transitoria porque el oficialismo que detenta la mayoría parlamentaria no tiene la voluntad política de actualizarla tras 23 años del censo de 1991”, contestó el legislador radical.

“De no actualizarse la representación política de la Cámara de Diputados, quienes decidan el destino de los puntanos no van a ser la mayoría sino la minoría sobrerrepresentada”, finalizó.

La disputa judicial debiera continuar con la apertura del período de prueba, y la solicitud  al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional y al INDEC para que remitan los resultados del Censo 2010. Esto, dado que la negativa del Gobierno llega al punto de cuestionar la legalidad del Censo Nacional de Población. Posteriormente se debiera escuchar al Procurador de la Provincia y finalmente resolver el Superior Tribunal de Justicia.

Descarguen la constestación completa aquí.