San Luis con “Luz Roja” en el acceso a declaraciones juradas de funcionarios.

SIN ACCESO. En San Luis a las declaraciones juradas patrimoniales.

La Provincia recibió la peor calificación de la  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. La organización señala que la Provincia no cumple con los estándares de la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Para ACIJ, en San Luis no se permite bajo ninguna circunstancia dar vista de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, excepto mediante una orden judicial. La institución de prestigio nacional defiende la transparencia en los actos de Gobierno.

En su informe anual, mediante un mapa interactivo, se confirmó lo denunciado por legisladores de la oposición: casi la totalidad de los funcionarios públicos no hacen públicas sus declaraciones juradas.

Hasta el momento, solamente diputados del Frente Amplio UNEN cumplen con este requisito, situación que no ocurre en el Ejecutivo Provincial.

“Buscamos reglamentar el procedimiento de presentación para que esa información no quede en un cajón de un órgano estatal y que nadie se entere, sino que esa declaración jurada esté publicada en Internet”, dijo Cacace. El actual presidente de la bancada radical presentó a comienzos del año legislativo un proyecto de Ley para publicar vía web las declaraciones juradas.

Rigau recordó que “desde el inicio de gestión quisimos ir dando muestras de claridad en los manejos y desempeños públicos. Lo hicimos con las declaraciones juradas como en la rendición y publicidad de los módulos”.

Link del documento publicado por ACIJ:

http://acij.org.ar/blog/2014/12/19/como-es-el-acceso-a-declaraciones-juradas-de-funcionariosas-en-el-pais/

Aprueban la emergencia económica en la ciudad de San Luis.

    TRANSPARENCIA. Pide el radicalismo.

La aplicación de la misma fue prorrogada hasta el 31 de Marzo donde será nuevamente discutida por el Concejo Deliberante. El Frente Progresista Cívico y Social pidió cuidar el bienestar de los vecinos y la postura del bloque era aprobar la misma por un año y sólo para cuestiones judiciales.

La aprobación fue producto de  una votación con fuerte paridad. Tanto el Bloque Progresista Cívico y Social (Rocha y Guiñazú); el Kirchnerismo (Dopazo,Bressano, González Espíndola, Ponce) y el PC (Rojas) consideraban que la prórroga debía llegar hasta el 31 de Diciembre de 2015, para de paso debatir en el próximo periodo ordinario la problemática de los juicios y deudas municipales. Sin embargo prevaleció el doble voto de Zulema Rodríguez Saá que inclinó la balanza para el despacho presentado por Delfor Sergnese, cuya aprobación pide al Ejecutivo  la búsqueda de la información en torno a los juicios y deudas del Ejecutivo para ser entregados antes del 31 de Marzo, fecha límite donde el Concejo volverá a discutir la emergencia económica.

Vale recordar que la Provincia lleva  más de 10 años ininterrumpidos de emergencia económica. Incluso  diputados radicales solicitaron que el Gobierno esclarezca tal situación, ya que se autocalifica como la Provincia mejor administrada.

En esa sintonía Rocha y Guiñazú pidieron que la prioridad sea el bienestar de los vecinos y garantizar los servicios básicos. “Frente a esta dualidad, de chocar contra fallos judiciales que pueden terminar afectando los servicios básicos municipales, fue porque apoyamos el proyecto de emergencia, haciendo prevalecer el interés general por encima del individual”, coincidieron.

Comunican invalidez de vetos realizados por la intendencia capitalina.

ÚLTIMA SESIÓN. Con todos los ingredientes.

El Concejo Deliberante de San Luis notificó al Municipio sobre irregularidades en el rechazo a la Tarifaria Anual y el Presupuesto 2015 recientemente aprobados. “Los vetos parciales que efectuó el Intendente son inválidos porque cambian el objeto con que se sancionaron las Ordenanzas”, analizó la concejal Claudia Rocha.

La última sesión del año trajo al recinto la discusión acerca de los vetos parciales realizados a dos ordenanzas elementales para la vida institucional de San Luis, El Presupuesto Anual para el próximo año y la Tarifaria Anual. El Intendente Enrique Ponce y sus funcionarios realizaron una serie de modificaciones en ambas normas recientemente aprobadas por mayoría en el Concejo Deliberante, que a entender del cuerpo, “modificaban el espíritu y el objeto de las ordenanzas aprobadas”.

Desde el Bloque  Frente Progresista Cívico y Social hubo especial hincapié en torno a que el Ejecutivo Municipal no tiene atribuciones para legislar, es decir para quitar o agregar palabras en los artículos de las ordenanzas, como ocurrió con las dos mencionadas ordenanzas.

La radical Rocha, dada la controversia en torno a este particular tipo de vetos, hizo mención a la Ley 26.122 aprobada por el Congreso de la Nación con mayoría kirchnerista. “El Gobierno Nacional sancionó esta Ley para brindar un ordenamiento  que establece la forma de sanción de las leyes que fueron vetadas parcialmente  donde se debe respetar el sentido con el cual las normas han sido sancionadas. Esto no sucedió en los vetos efectuados por el Intendente”, recordó.

Finalmente, las comunicaciones fueron aprobadas, a pesar de las negativas de los concejales del Kirchnerismo: Dopazo,Bressano,González Espíndola, Ponce (h); y el concejal Rojas del Comunismo.

Merlo: Reconocen el trabajo de la Asociación Proyecto Teófila.

Los concejales Juan Álvarez Pinto y David Váez visitaron las actividades de fin de año junto a la ONG.

“Nuestras felicitaciones a este comprometido grupo de merlinos que tanto hacen por los que menos tienen”,saludó Álvarez Pinto, que participó de las actividades de fin de año realizados por la Asociación Civil.

Teófila se compone de vecinos solidarios que se dedican a colaborar con centros educativos rurales otorgándoles elementos para la cursada diaria tanto a docentes y alumnos. Hacen campañas de donativos a través de las redes sociales convocando a colaborar con los postergados colegios de los pueblos y parajes.

El domingo pasado celebraron una tarde de recreación junto a estudiantes de varias escuelas rurales. “Ellos llegan ahí, donde muy pocos están presentes, ayudando a quienes realmente lo necesita”, concluyó Álvarez Pinto.

Cuestionan las fallas eléctricas en distintos puntos de la Provincia.

El diputado radical Juan Manuel Rigau criticó los cortes del servicio en El Trapiche y La Carolina por las lluvias.  “Tienen que mejorar el servicio para poder  aumentar el 30% el valor del consumo”, recalcó.

Tras recorrer y comunicarse con vecinos de ambas localidades el legislador solicitó que la empresa  EDESAL prestataria del servicio de energía eléctrica en la Provincia mejore la calidad del servicio en el interior provincial. “Nos llama la atención que aumenten un 30% la boleta, siendo que no hay una inversión en mejorar la electricidad que llega a los habitantes del interior”, respondió Rigau.

“En las pequeñas localidades siempre el servicio se corta cuando llueve o por los fuertes vientos, es una constante”, añadió.

En el caso de La Carolina la falta de energía afectó a las antenas de telefonía celular e internet ubicadas en el Cerro Tomolasta que perjudicó a los residentes quienes estuvieron una semana incomunicados.

Empezamos a preguntarle a los vecinos para conocer si los cortes del servicio eléctrico en donde residen son casuales, temporarios o permanentes”, subrayó.

Párrafo aparte, Juan Manuel Rigau y Alejandro Cacace asistirán a la audiencia pública que será realizada el próximo lunes 22 de diciembre en el Hotel Sierras de Juana Koslay para debatir sobre el pedido de incremento tarifario solicitado por EDESAL. La actividad iniciará a las 12 horas.

Pelea judicial sobre la composición de la Cámara de Diputados: Fuerte respuesta del Gobierno.

 

LEGISLATURA. Con un oficialismo sobre-representado.

Fiscalía de Estado negó que sea competencia de los jueces resolver sobre la composición del Poder Legislativo. El Gobierno acusó al diputado Alejandro Cacace por la disputa.

En una larga contestación de 17 páginas, Fiscalía de Estado, quien detenta la representación judicial  del Gobierno, señaló que la representación de la Cámara Baja debe ser  modificada por los legisladores.

La demanda de inconstitucionalidad presentada por Cacace a la Justicia en el año  2013 planteaba la inconstitucionalidad del artículo 6° de la Ley Electoral Provincial, que petrifica la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Provincial y con ello la composición de la Cámara de Diputados, que la Constitución manda a que se actualizada en base a la población actual de los departamentos según los últimos censos.

No obstante, pese a considerar que la materia planteada en el proceso es una Cuestión Política no Justiciable, es decir, que no es competencia de los jueces poder determinar si debe actualizarse la representación política en la Cámara de Diputados, el Gobierno en el fondo reconoce que la Disposición Transitoria Cuarta debe ser modificada, y es tarea del Poder Legislativo hacerlo.

La Legislatura lleva más de 23 años, con 3 censos nacionales de por medio posteriores a la reforma constitucional de 1987, con un sistema de mala asignación de escaños y la sobrerrepresentación de departamentos, que beneficia al oficialismo.  Al considerar la situación particular de Alejandro Cacace, Fiscalía de Estado acusó al legislador de no buscar los consensos o mayorías en la Legislatura, a través de la presentación de un proyecto de ley que ponga fin a la vigencia de la Disposición Transitoria, y en su lugar recurrir a los jueces para resolver el problema.

“Llama la atención que Fiscalía de Estado desconozca que al momento de iniciar la demanda no era diputado, y que existe una larga discusión política sobre el tema desde el año 2008. Seguimos al día de hoy con una composición transitoria porque el oficialismo que detenta la mayoría parlamentaria no tiene la voluntad política de actualizarla tras 23 años del censo de 1991”, contestó el legislador radical.

“De no actualizarse la representación política de la Cámara de Diputados, quienes decidan el destino de los puntanos no van a ser la mayoría sino la minoría sobrerrepresentada”, finalizó.

La disputa judicial debiera continuar con la apertura del período de prueba, y la solicitud  al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional y al INDEC para que remitan los resultados del Censo 2010. Esto, dado que la negativa del Gobierno llega al punto de cuestionar la legalidad del Censo Nacional de Población. Posteriormente se debiera escuchar al Procurador de la Provincia y finalmente resolver el Superior Tribunal de Justicia.

Descarguen la constestación completa aquí.

Señalan que la Provincia esconde las estadísticas reales del desempleo.

¿EMPLEO GENUINO? Los trabajadores del Plan de Inclusión Social cobran $1400.

Diputados del Frente Amplio UNEN señalaron que el Gobierno no reconoce la falta de trabajo genuino y bien remunerado en el Estado.

Los legisladores radicales Alejandro Cacace y Juan Manuel Rigau elaboraron un informe donde demandan estadísticas más objetivas en materia laboral. Hace semanas el Gobierno a través de la Dirección de Estadísticas y Censos hizo suyo un informe proveniente del INDEC para asegurar que la Provincia se encuentra con pleno empleo.

El punto de vista gubernamental aduce que la Provincia tiene niveles de ocupación similares a los países escandinavos. “El concepto de desocupación abierta que toma el Gobierno no incluye situaciones de precarización laboral que existen en la provincia”, señaló el presidente de la bancada radical Alejandro Cacace.

Ese grupo lo conforman  las personas que realizan trabajos transitorios en busca de una ocupación, las que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que suspendieron su búsqueda de empleo por falta de oportunidades y los ocupados en puestos de trabajo con remuneración mínima o por debajo de sus calificaciones.

En el Estado provincial hay 11.420 trabajadores entre el Plan de Inclusión Social (8834), Seguridad Comunitaria  (1633) y pasantes (1453). “A la gente del Plan de Inclusión y  los pasantes son tomados como trabajadores a la hora de medir el empleo, y  como ayudas sociales o pasantes cuando deben cumplir con sus pagos y aportes ”, apuntó Juan Manuel Rigau.

El Bloque Frente Amplio UNEN, está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una política de trabajo genuino. “La actividad económica muestra una caída muy importante en el último semestre, lo que compromete nuestra estructura productiva de fuerte composición industrial. Nosotros debemos revertir esa situación, pero mostrando estadísticas reales a los ciudadanos”, concluyó Cacace.

Lean el informe completo haciendo click aquí.