Comunican a órganos federales debilitamiento del control público en la Provincia.

Diputados solicitaron al Congreso Nacional, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio del Interior que insten al Gobierno provincial a cesar los avasallamientos al control y respetar el derecho de las minorías a fiscalizar.

Legisladores provinciales del Frente Amplio UNEN y del Frente para la Victoria enviaron una serie de misivas al Poder Legislativo Nacional, a la Auditoría General de la Nación y al Ministerio del Interior donde denuncian que el Gobierno de San Luis instauró “un sistema de uso y abuso de las mayorías, en connivencia con representaciones parlamentarias aliadas al oficialismo”.

Según detallan los escritos, esta situación pone en riesgo el sistema de control público “para resguardar el equilibrio de poder y la transparencia en la administración”.

Otro de los puntos denunciados desde la oposición es que la Provincia desnaturalizó la composición del Tribunal de Cuentas, integrado por cinco miembros que responden al oficialismo. En la última Asamblea Legislativa, a pesar que la Constitución Provincial garantizaba un representante de la minorías parlamentarias, el Gobierno provincial utilizó sus escaños para colocar exclusivamente exponentes de su partido y aliados, en contra de lo que marca la Constitución. Ello concluyó en una presentación judicial de los legisladores del Frente Amplio UNEN, quienes calificaron a las acciones impulsadas por el oficialismo como antirreglamentarias y antirepublicanas.

Hace algunas semanas el bloque oficialista prorrogó la sesión por casi tres horas para conseguir el quórum, mientras hacían  viajar a diputados que participaron de la sesión al solo efecto de votar el dictamen de mayoría.  “No conformes con esta irregularidad y en represalia a nuestra actitud de retiro del recinto tomaron la antirrepublicana e irreglamentaria decisión de enviar al archivo todos los pedidos de informe de la oposición”, remarcaron los legisladores quienes continuarán solicitando la restitución de sus facultades de control y el acceso a la información pública a la sociedad.