jueves, 29 de mayo de 2014

Rocha y Guiñazú: “No nos va a frenar ninguna acción judicial”.


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En esos términos, los concejales del Frente Progresista respondieron al Asesor Letrado del Municipio capitalino, quién calificó a los ediles como destituyentes. “Deberían preocuparse más por los numerosos problemas que tiene la ciudad”, señalaron en conferencia de prensa.
En horas de la mañana del jueves, un grupo de funcionarios municipales realizó una conferencia de prensa, en donde fueron realizadas sendas acusaciones hacia el Concejo Deliberante.
“Queremos desmentir los dichos falsos del Dr. Bazla, nos dijeron que actuamos de mala fé, que somos destituyentes, que procuramos hacerle un juicio político al intendente Ponce, pero acá el único que está mintiendo, es el Asesor Letrado de la Municipalidad”, remarcó Francisco Guiñazú, señalado junto con la concejala Claudia Rocha, como parte de un intento de desestabilizar el gobierno municipal.  
“Lo que intentaron hacer es una cortina de humo, nos agraviaron innecesariamente, nosotros pertenecemos a un partido que defiende los ideales republicanos y la transparencia, y cuando hay una firma dudosa, como este caso, lo único que pedimos es el esclarecimiento del tema mediante una investigación. Pedimos que el intendente venga al Concejo y reconozca su firma”, precisó la edil Rocha.
En cuanto a los polémicos dichos de Bazla, la concejala concluyó diciendo “si me vuelve a agraviar con supuestos pactos espúreos, voy a realizar una presentación a la Justicia, para que pruebe lo que está diciendo, porque yo si tengo como probar mi conducta, no sé si él la puede probar. Trató de ensuciar mi nombre y al Dr. Guiñazú cuando ambos tenemos una trayectoria que él, claramente no tiene”.

El oficialismo no dio quórum en la Cámara de Diputados.

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La gran mayoría de la bancada oficialista no asistió al recinto para el trabajo legislativo. Apelando al Reglamento Interno y a la Constitución provincial, legisladores del Frente Progresista pidieron compeler a los diputados ausentes a sesionar.

El bloque mayoritario de la Cámara baja no dió quórum para la sesión ordinaria prevista para la jornada. Al recinto sólo arribaron la bancada del Frente Para la Victoria y el bloque Progresista Cívico y Social, por lo que hubo una sesión en minoría.
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Los diputados del FPC y S, mocionaron el cumplimiento del artículo 83º del Reglamento Interno de la HCD y el 116º Constitución provincial para compeler a que los ausentes asistan al recinto.

El artículo 83º del Reglamento Interno señala que: “el quórum legal de la HCD para sesionar es la mitad más uno de sus miembros, incluyéndose a este efecto al Presidente. Puede reunirse en minoría y con la presencia de seis diputados por lo menos, de acuerdo a lo dispuesto  por el artículo 116º de la Constitución, compeler a los asistentes a que concurran a las sesiones en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir del día y hora que se hubiera levantado la sesión en minoría, bajo pena de multa o suspensión pudiendo incluso resolver su compulsa por la fuerza pública”.

A su vez, el artículo 116º de la Constitución Provincial “Cada Cámara sesiona con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Puede realizar sesiones en minoría al solo efecto de acordar medidas para compeler a los inasistentes”.

“Nosotros hicimos esto porque queremos tratar el tema de la intervención en el Trapiche y el pedido de informe sobre atribuciones y las llevadas adelante por el Ejecutivo y el programa Asuntos Municipales en la localidad”, subrayó el diputado radical Alejandro Cacace.

Vecinos de la localidad que llegaron  para presenciar la sesión se reunieron con los diputados presentes, entre ellos los del Departamento Pringles, para interiorizarse del trámite legislativo de la intervención.

El Procurador General se expidió sobre el juicio por la composición de la Cámara de Diputados.



Fernando Estrada, titular de la Procuración General de la Provincia, dictaminó, que el Superior Tribunal de San Luis, es competente para entender en la demanda.

El Procurador Estrada, se expidió mediante un dictamen, que el Superior Tribunal sanluiseño es competente para llevar adelante el juicio llevado adelante por el diputado Alejandro Cacace, acerca de la integración de la Cámara de Diputados que no se corresponde con lo que establece la Constitución Provincial, en sus artículos 102º y 93º.

La presentación ante la Justicia, fue realizada en abril de 2013 y pedía la actualización de la representación política en la Cámara de Diputados de la Provincia, con el censo del año 2010, tal como lo establece la Carta Magna provincial.

Ahora quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia resolver la constitucionalidad, o no de la integración de la Cámara baja.

Rigau participó de los festejos patrios en todo el departamento Pringles.


El diputado provincial festejó con docentes y alumnos un aniversario más de la Revolución de Mayo, estuvo presente en las conmemoraciones de El Trapiche, Rio Grande, y La Toma.
Juan Manuel Rigau, asistió a las celebraciones patrióticas de los centros educativos de El Trapiche y Rio Grande, además del festejo en La Toma para recordar un hito histórico, la Revolución de Mayo de 1810.

El legislador aprovechó la ocasión para remarcar la educación de los jóvenes como prioridad, “Hoy que compartimos actos escolares celebrando el 25 de Mayo, con la juventud, tenemos que recordarnos que son ellos, el proyecto que debemos consolidar como esperanza de país”.

También durante el fin de semana, aprovechó para viajar al paraje de Balde de la Isla, donde aportó un juego de camisetas y herramientas para fomentar el deporte en el nuevo equipo de futbol femenino de la localidad. “Con muchas ganas y entusiasmo, debemos contribuir para que los jóvenes practiquen deportes”, remarcó.

En un tema mucho más solicitado, Rigau opinó acerca de la decisión del Gobierno de llevar agua potable a la localidad de Riocito, colindante al Dique La Florida. “Después de tantos reclamos que hicimos, el lunes comenzarían las tareas para llevar agua potable a los vecinos, ojalá que muchos más también disfruten del elemento vital”, enfatizó el diputado, recordando que hay todavía, varios parajes sin este beneficio, como Pampa del Tamboreo.

Alberto Volpi: “El proyecto de Cacace jerarquiza la figura institucional de la Procuración Penitenciaria Provincial”

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El jefe de la Oficina de Prevención de la Tortura de la Procuración Penitenciaria Nacional arribó a San Luis para trabajar con legisladores, funcionarios y asociaciones civiles, un proyecto del radicalismo para erradicar la tortura en los ámbitos carcelarios.

Con una agenda apretada por los tiempos, en horas de la mañana Volpi tuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Olivero y el Procurador Penitenciario Provincial, Alberto Montiel Díaz, donde quedó planteado la necesidad de utilizar todos los mecanismos para evitar la tortura como práctica de las fuerzas de seguridad en el territorio.

El prestigioso abogado subrayó que “debe ampliarse la conversación a las autoridades del ejecutivo y a todas las fuerzas vivas, tanto civiles como políticas, para tratar las situaciones vinculadas con la tortura, una práctica que debe erradicarse del país, porque contradice las convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
 Para el funcionario nacional, el proyecto que será debatido mañana en una reunión conjunta de las Comisiones  de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial “jerarquiza institucionalmente la figura de la Procuración Penitenciaria, además de brindarle un protocolo y una serie de herramientas de trabajo”.

“Este modelo está inspirado en lo que hace la Cruz Roja durante situaciones de conflicto, planteamos visitas sorpresivas a comisarías y centros penitenciarios para que haya un efecto disuasorio de estas prácticas. Cuando hay una visita regular o anunciada los expertos encuentran una postal y no la realidad de esos lugares de detención. Se limpian los patios y celdas y mejora la comida”, explicó.

 Como uno de los puntos ejes del funcionamiento de concretarse la Oficina de Prevención de la Tortura provincial, habría una comisión de expertos vinculados con los DD HH dependientes del poder legislativo pero que tendrá plena autonomía en el ejercicio de su gestión.

 “Para lograr que esto no se convierta en una oficina administrativa o muy burocrática debemos vincular a las organizaciones de la sociedad civil y  tratar que las personas seleccionadas sean personas de prestigio  con un grado de compromiso con los Derechos Humanos”, concluyó.