Legisladores dialogaron sobre la situación del agua en Villa de Merlo.

El concejal Juan Álvarez Pinto visitó la Cámara Baja y dialogó con diputados del radicalismo acerca de los convenios firmados por la intendencia merlina con San Luis Agua.

El edil merlino mantuvo un encuentro con los legisladores Juan Manuel Rigau y Alejandro Cacace del Frente Amplio UNEN para ponerlos al tanto de los convenios realizados por la Municipalidad de la Villa de Merlo con San Luis Agua S.E. y la Cooperativa de Agua local.

“El convenio con San Luis Agua genera una mayor cantidad de obligaciones para el Municipio y la Provincia se desliga de varias funciones sin asignar nuevas partidas presupuestarias”, explicó el edil radical.

El Gobierno coparticipa un porcentaje muy pequeño a la municipios en comparación a otras provincias. Para Álvarez Pinto “El Gobierno limita el funcionamiento de los municipios y su autonomía municipal”. El otro convenio firmado con entre la comuna y la Cooperativa de Agua local para que la Municipalidad provea el agua cruda necesaria para realizar la potabilización del agua puede concluir en un nuevo aumento de tarifa para los vecinos de Merlo.

“Estos convenios que ya están en funcionamiento no pasaron por el Concejo Deliberante, por eso queríamos ver si esa situación tenía antecedentes en San Luis, no hay que olvidar que la Constitución Provincial establece que aquellos convenios o acuerdos firmados por los Municipios que afecten a la economía de una localidad, debe pasar por el órgano legislativo correspondiente”, concluyó el concejal.

La Calera no presentó su Cuenta de Inversión 2013.

La localidad presentó 21 días de rendiciones correspondientes al mes de diciembre del año pasado. También adeuda el inventario de bienes del año 2011.

El Frente Amplio UNEN pidió en Diputados mayor información sobre la gestión de la actual senadora Mabel Leyes y ex intendenta de La Calera al considerar que las obligaciones de un municipio sobre su régimen contable son múltiples.

Recientemente el ministro de Hacienda y Obras Públicas Néstor Ordoñez respondió el pedido de informe presentado por la oposición. En una nota muy escueta señaló que el Municipio presentó su inventario de bienes en 2010, 2012 y 2013: “Con respecto al inventario de bienes del año 2011 no fue presentado ante esta Contaduría General y no se realizó ninguna observación”, comunicó Ordoñez en respuesta a la solicitud. Sin embargo, aunque el inventario de 2011 no fue presentado y no hubo sanción alguna, tampoco fueron adjuntados los inventarios del 2010, 2012 y 2013 aunque eran parte del pedido de informes en cuestión.

Además el subprograma Control Administrativo y Contable, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto mediante un informe señaló que la rendición presentada “no expone razonablemente la gestión municipal en su conjunto”.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia auditó las Cuentas del Municipio y advirtió que existe “una rendición numérica parcial que abarca un período de 21 días correspondientes a la gestión que asumió el 10 de diciembre de 2013 (Diego Lorenzetti), por lo que no puede considerársela ‘Cuenta de Inversión del ejercicio’. Debería considerarse la presentación de la gestión actual como un deslinde de responsabilidad en cuanto a lo legalmente exigido”.

“De acuerdo a lo expuesto precedentemente y a lo expresado por los Organismos de Contralor intervinientes, la presentación elevada a la Legislatura no reúne la cualidad de ser una ejecución presupuestaria anual”, explicaron desde el bloque radical.

“La Legislatura al tratar el expediente que contiene la presentación parcial de la ejecución del Municipio no está en condiciones de aprobar o desaprobar la misma, puesto que no expone la ejecución presupuestaria del municipio en su conjunto”, concluyeron.

Municipio con presupuesto gigantesco gasta más de lo que recauda.

Pese a que Estancia Grande es la Municipalidad que más recursos recibe por habitante (per cápita),  efectuó erogaciones por montos mayores a lo recaudado generando déficit durante el 2013.

Legisladores del Frente Amplio UNEN realizaron un exhaustivo análisis de los fondos destinados al municipio de Estancia Grande, cuya Cuenta de Inversión fue observada por los auditores del Tribunal de Cuentas concluyendo que fueron efectuadas erogaciones por montos mayores a lo recaudado generando un déficit en el ejercicio bajo análisis.

A su vez el programa Relaciones Municipales y Asuntos Regionales señaló que “la Cuenta de Inversión analizada no expone razonablemente la gestión municipal en su conjunto”. La localidad recaudó $ 26.501.243 cuando fue previsto un total de ingresos por $ 44.885.003 pesos.

Durante 2013, el Municipio percibió efectivamente un total de $ 21.239.704 en concepto de transferencias del Gobierno Provincial. Si estas transferencias son separadas de los demás recursos que recibe el Municipio, representan más de 12 veces de lo que percibió en concepto de coparticipación y más de 4 veces el total de los demás recursos que percibe la comuna proporcionalmente.

El documento difundido por los legisladores radicales remarca que Estancia Grande es el más beneficiado en comparación al resto de los Intendentes Comisionados de la Provincia.  Incluso la localidad es comparada con municipios más grandes como Villa Mercedes y  San Luis, percibe más dinero por habitante que cualquier otro, ($ 50.212,07 por habitante), cuando San Luis que tiene 164.310 habitantes previó solo $ 1.598  y Villa Mercedes con  112.112 habitantes sólo $ 1.495 pesos.

Pidieron investigar las vejaciones cometidas la Penitenciaría.

Legisladores nacionales denunciaron este lunes ante el Juzgado Federal de San Luis lo ocurrido en la cárcel local en abril de 2013 donde pudo corroborarse tratos degradantes a reclusos. Los diputados nacionales Manuel Garrido y José Riccardo (San Luis), acompañados por el legislador provincial Alejandro Cacace (quien presentó un proyecto para prevenir la tortura en ambientes carcelarios meses atrás a la difusión de lo ocurrido) realizaron una presentación ante el Juzgado Federal de San Luis sobre la posible comisión del delito de vejaciones y severidades cometido sobre detenidos en el Servicio Penitenciario provincial. La denuncia  surge a raíz de la difusión en junio pasado de fotografías que mostraban al personal del SPP realizando requisas vejatorias a internos del pabellón de jóvenes adultos. Las fotografías fueron tomadas el día 22 de abril de 2013 durante una requisa grupal en el patio del pabellón debido a una pelea entre internos ocurrida la noche anterior. En las imágenes pudo observarse a varios jóvenes ordenados en fila y arrodillados contra una pared, con la cabeza gacha y brazos cruzados detrás de sus espaldas, completamente desnudos y con sus ropas y pertenencias detrás de ellos. “Hacemos la denuncia porque pese al tiempo transcurrido no hemos conocido sanciones para los responsables y es claro que estamos frente a delitos graves, violaciones de derechos humanos, y exigimos que se investiguen y sancionen, mientras el gobierno provincial ha intentado barrer la basura debajo de la alfombra”, sostuvieron los diputados Garrido y Riccardo, luego de la presentación judicial. “Las vejaciones no son la vía para resocializar y solo generan respuestas más violentas”, remarcaron.

Concejo Deliberante: solicitan informes sobre el convenio ENHOSA-Municipio.

Legisladores aprobaron un pedido para que la comuna esclarezca los términos del acuerdo firmado con el Ente Nacional de Saneamiento y Obras Hídricas.

Los concejales del Frente Amplio UNEN, Claudia Rocha y Francisco Guiñazú presentaron una iniciativa para que el Ejecutivo aclare cómo fue realizado el convenio con el ENHOSA. El pedido aprobado por unanimidad expresa que desde la intendencia explicaron que el acuerdo otorga recursos económicos necesarios para la nueva planta de tratamiento. Sin embargo el órgano nacional aclaró que su compromiso consiste en arbitrar las medidas tendientes a la financiación de la obra en cuestión.

“Hay una marcada de la diferencia en lo que señalado por el ENHOSA. y lo periodísticamente difundido por el Municipio. No es lo mismo disponer de los dineros para hacer la obra que intermediar para conseguirlos”, concluyeron.

Entre otras novedades legislativas fue girada a comisión la respuesta del pedido de informe sobre la compra del terreno donde será edificada la nueva planta de tratamiento de aguas residuales.

Decenas de Municipios no presentaron ante la Legislatura sus respectivas Cuentas.

Sólo 17 Cuentas Municipales fueron remitidas a la Legislatura de un total de 47 Intendentes Comisionados para su aprobación o rechazo. Esta realidad representa un grado de incumplimiento que alcanza el 63 % en toda la Provincia.

Mientras el Gobierno provincial presentó ante la Cámara Baja el Presupuesto para el año 2015, diputados del Frente Amplio UNEN continuaron analizando las Cuentas de Inversión 2013 de los Intendentes Comisionados en la Provincia de San Luis detectando una serie de irregularidades en torno a los plazos y las ejecuciones presupuestarias en estas localidades.

La Ley de Intendentes Comisionados establece que el Tribunal de Cuentas debe remitir al Poder Ejecutivo, antes del 30 de junio, las Cuentas de Inversión de los Intendentes Comisionados correspondientes al ejercicio del año anterior (en este caso 2013) para que, una vez elevadas a la Legislatura, ésta las apruebe, observe o rechace. Desde que venció dicho plazo pasaron más de dos meses y todavía hay 30 Cuentas de Inversión que no fueron elevadas al Poder Legislativo.

Del total de las cuentas enviadas a la Legislatura, un primer grupo de 7 municipios tienen observaciones varias respecto a la ejecución presupuestaria (Potrero de los Funes, Alto Pelado, La Carolina, El Volcán, Lavaisse, Desaguadero y San José del Morro), un segundo grupo de 7 municipios “no exponen razonablemente la gestión municipal en su conjunto” (Batavia, Estancia Grande, Paso Grande, Las Chacras, Villa de Praga, Renca y Alto Pencoso), en tercer lugar, aconsejan “rechazar” la Cuenta de Inversión correspondiente a la Municipalidad de Leandro N. Alem.

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Finalmente, sólo se aconseja la aprobación de la Cuenta de Inversión correspondiente a la Municipalidad de Zanjitas que no posee observaciones.

Concejo Deliberante: aprueban cuarto intermedio para sesionar el lunes

El oficialismo provincial consiguió el respaldo del Partido Comunista para cambiar el día de la sesión. Su intención es que Zulema Rodríguez Saá tenga doble voto en el recinto.

Pese a que los ediles del Frente Amplio UNEN y el Frente Para La Victoria tenían la voluntad de sesionar los días jueves, tras las ausencias deliberadas del intendente Enrique Ponce de la ciudad, el Bloque Compromiso Federal consiguió el apoyo de Gustavo Rojas, concejal del Partido Comunista.

“Rechazamos esta actitud que lleva al Concejo a no sesionar, siendo esta solo una disputa de poder innecesaria entre el PJ Provincial y el Kirchnerismo de espalda a la gente de San Luis”, señaló la concejal Claudia Rocha.

El oficialismo provincial instaló el concepto del doble voto para la presidencia del Concejo Deliberante. Pero como el jefe comunal empezó a viajar todos los jueves, la presidente del cuerpo Zulema Rodríguez Saá provisoriamente queda a cargo del Municipio y un concejal del kirchnerismo obtiene doble voto.

Cuando Alicia Lemme era intendente también ocurría “juevitis”. Sin embargo desde el bloque radical afirmaron que van a seguir asistiendo al Concejo porque es su rol como representantes del pueblo.

“Nosotros venimos al Concejo a trabajar y no a especular con las votaciones, dándole la espalda a los vecinos por una disputa de poder”, concluyó la edil Claudia Rocha.

Piden investigar las denuncias de Alberto Rodríguez Saá contra la Policía.

Legisladores de la oposición piden que la Justicia indague acerca de las denuncias sobre corrupción hechas por el ex- Gobernador en su editorial mediante un medio oficial.

Los diputados del Frente Amplio UNEN y del Frente para la Victoria enviaron una nota al Procurador General de la Provincia para instruir a un fiscal a que inicie una investigación en base a las denuncias formuladas por el ex-gobernador Alberto Rodríguez Saá a través de su programa de radio Planeta Xillium y El Diario de la República sobre supuestos actos de corrupción en la Policía de la Provincia.

De ese modo solicitaron una investigación fiscal “ante  la posible comisión de delitos que podrían involucrar a funcionarios Policiales y del Poder Ejecutivo Provincial y a efectos de solicitar se impulsen las investigaciones fiscales pertinentes” indica el escrito remitido a la oficina del Procurador, Fernando Estrada.

Los legisladores hicieron eco de la editorial del ex- Gobernador Alberto Rodríguez Saá publicada este miércoles en El Diario de la República con el título “Se llama corrupción”.

Ese planteo del ex mandatario fue calificado como “una denuncia pública de comisión de delitos de: incumplimiento de deberes de la Función Pública, asociación ilícita agravada por la función policial, malversación de caudales públicos y peculado, entre otras,  contra el accionar de funcionarios Policiales, entre los que se sindica al Sr. Jefe de Policía y al Sr. Ministro Secretario de Gobierno y Seguridad de  la Provincia como partícipes de algunas de las mismas”, remarca el documento.

La misiva lleva la firma de Walter Ceballos; Alejandro  Cacace; Fidel Haddad; José Alberto Fara; Juan Manuel Rigau; Gabriel Muñoz; Raúl Laborda; Martín González, por el Frente Amplio UNEN. Y Sonia Delarco; Sergio Luis Amieva; Luis Héctor Foresto; Juan Apendino; Daniel González Espíndola; Sergio Guardia; y Juan Larrea, por el Frente Para la Victoria.

Diputados firmaron un convenio con la Universidad Católica de Cuyo.

Legisladores del radicalismo acordaron un esquema de pasantías para que alumnos de la casa de altos estudios realicen labor legislativa en la Cámara baja.

Alejandro Cacace y Juan Manuel Rigau del Frente Amplio UNEN realizaron un convenio con la UCC de San Luis para que la institución pueda ser partícipe de labores parlamentarias mediante sus estudiantes.

Tras una serie de reuniones ambos sectores ratificaron el acuerdo que permitirá un acercamiento de los jóvenes a las tareas legislativas.

En la firma del convenio estuvieron presentes el Vicerrector de la UCC Alejandro Guzmán Stefanini; la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Melina Maluf Martínez y la Secretaria Académica Gretel Cali Velasco.

Comunican a órganos federales debilitamiento del control público en la Provincia.

Diputados solicitaron al Congreso Nacional, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio del Interior que insten al Gobierno provincial a cesar los avasallamientos al control y respetar el derecho de las minorías a fiscalizar.

Legisladores provinciales del Frente Amplio UNEN y del Frente para la Victoria enviaron una serie de misivas al Poder Legislativo Nacional, a la Auditoría General de la Nación y al Ministerio del Interior donde denuncian que el Gobierno de San Luis instauró “un sistema de uso y abuso de las mayorías, en connivencia con representaciones parlamentarias aliadas al oficialismo”.

Según detallan los escritos, esta situación pone en riesgo el sistema de control público “para resguardar el equilibrio de poder y la transparencia en la administración”.

Otro de los puntos denunciados desde la oposición es que la Provincia desnaturalizó la composición del Tribunal de Cuentas, integrado por cinco miembros que responden al oficialismo. En la última Asamblea Legislativa, a pesar que la Constitución Provincial garantizaba un representante de la minorías parlamentarias, el Gobierno provincial utilizó sus escaños para colocar exclusivamente exponentes de su partido y aliados, en contra de lo que marca la Constitución. Ello concluyó en una presentación judicial de los legisladores del Frente Amplio UNEN, quienes calificaron a las acciones impulsadas por el oficialismo como antirreglamentarias y antirepublicanas.

Hace algunas semanas el bloque oficialista prorrogó la sesión por casi tres horas para conseguir el quórum, mientras hacían  viajar a diputados que participaron de la sesión al solo efecto de votar el dictamen de mayoría.  “No conformes con esta irregularidad y en represalia a nuestra actitud de retiro del recinto tomaron la antirrepublicana e irreglamentaria decisión de enviar al archivo todos los pedidos de informe de la oposición”, remarcaron los legisladores quienes continuarán solicitando la restitución de sus facultades de control y el acceso a la información pública a la sociedad.