La sobrerrepresentación oficialista en Diputados fue debatida a nivel nacional.

El presidente del Bloque de Diputados de la UCR-Frente Progresista Alejandro Cacace expuso en una Jornada Federal de Derecho Electoral en Capital Federal. El conflicto por los escaños en su estadío judicial se encuentra en etapa probatoria.

Cacace expuso en Buenos Aires sobre el particular caso de la Provincia de San Luis, donde el voto de algunos sanluiseños vale hasta 15 veces el voto de otro. El encuentro fue realizado en la delegación del Gobierno de la Provincia de Santa Fé y contó con presencia de autoridades electorales nacionales y académicos del derecho.

“La Legislatura lleva más de 23 años, con 3 censos nacionales de por medio posteriores a la reforma constitucional de 1987, con un sistema de mala asignación de escaños y la sobrerrepresentación de departamentos, que beneficia al oficialismo”, analizó el legislador radical tras su disertación.

Además de la voluntad popular, hay decisiones políticas directamente responsables para que un Gobierno perdure 30 años en el poder. Esas decisiones en San Luis, están vinculadas con el sometimiento de los Municipios y estructuras gubernamentales menores, un presupuesto que puede ser redireccionado en cualquier momento y atado a la voluntad del gobernante, la eliminación del control en los órganos responsables de esa tarea y la sobrerrepresentación legislativa de quién gobierna. Sintetizada, la historia de los últimos 30 años de los sanluiseños está marcada por estos abusos.

El estado de situación es tan paradojal, que los órganos contralor no existen, como el caso del Defensor del Pueblo, o son compuestos totalmente por el Gobierno, como el Tribunal de Cuentas provincial.

“Ante este avasallamiento de las instituciones que componen el Estado, decidimos no solo llevar a la Justicia la sobrerrepresentación del oficialismo en Cámara de Diputados, sino también denunciar la falta de control, la falta de transparencia y de acceso a la información pública”, remarcó Cacace.

En la causa de las bancas en Diputados, la Justicia puntana decidió solicitar al Congreso de la Nación y al Instituto Nacional de Estadística y Censos los datos del Censo 2010, a fin de que los resultados oficiales sean incorporados al expediente.