La solicitud era sobre un convenio de honorarios en la deuda Nación-Provincia donde el apoderado del PJ recibió 12 millones de pesos. “Si todo es transparente y legal, el pedido al Ejecutivo debió ser aprobado”, insistieron desde el bloque radical.
El oficialismo en la Cámara Baja permitió el tratamiento sobre tablas del pedido de informe presentado por el Bloque UCR-Frente Progresista pero no su aprobación y envío al Ejecutivo Provincial. El polémico informe saca a la luz el pago de honorarios profesionales en la causa que tiene el Gobierno Provincial con la Nación por el cumplimiento de contratos viales, la cual fue destrabada.
El Convenio de Honorarios tenía por un lado el compromiso de entregar un 4% de los fondos recuperados a profesionales externos que intervienen en la causa. El administrativista vinculado al menemismo Rodolfo Barra y su estudio jurídico percibían porcentajes pequeños de esos fondos, mientras que Sergnese, apoderado del PJ de San Luis, percibía él exclusivamente el 50% del total.
“Queremos saber por qué Fiscalía de Estado contrató servicios jurídicos externos, pese a que su competencia le exige responder judicialmente por la Provincia; por qué en ese contrato que igualmente fue celebrado, la mitad de los dineros del Convenio fueron a Sergnese; y cuál fue la tarea desarrollada por Sergnese en la causa. Si tuvo que ver el hecho que el abogado contratado es apoderado del PJ y mano derecha del Gobierno provincial”, enumeró Cacace, dando motivos en un fuerte discurso durante la sesión.
Su colega de bancada, Juan Manuel Rigau opinó que: “si no hay nada que esconder, el Gobierno debe explicar con claridad porque actuó de este modo. Lo pedimos sin ningún tipo de malicia, con mucha antelación fueron archivados 30 pedidos de informes de una sola vez, cuando lo único que pedimos son respuestas y transparencia”.
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