El jefe de la Oficina de Prevención de la Tortura de la Procuración Penitenciaria Nacional arribó a San Luis para trabajar con legisladores, funcionarios y asociaciones civiles, un proyecto del radicalismo para erradicar la tortura en los ámbitos carcelarios.
Con una agenda apretada por los tiempos, en horas de la mañana Volpi tuvo una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Olivero y el Procurador Penitenciario Provincial, Alberto Montiel Díaz, donde quedó planteado la necesidad de utilizar todos los mecanismos para evitar la tortura como práctica de las fuerzas de seguridad en el territorio.
El prestigioso abogado subrayó que “debe ampliarse la conversación a las autoridades del ejecutivo y a todas las fuerzas vivas, tanto civiles como políticas, para tratar las situaciones vinculadas con la tortura, una práctica que debe erradicarse del país, porque contradice las convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
Para el funcionario nacional, el proyecto que será debatido mañana en una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial “jerarquiza institucionalmente la figura de la Procuración Penitenciaria, además de brindarle un protocolo y una serie de herramientas de trabajo”.
“Este modelo está inspirado en lo que hace la Cruz Roja durante situaciones de conflicto, planteamos visitas sorpresivas a comisarías y centros penitenciarios para que haya un efecto disuasorio de estas prácticas. Cuando hay una visita regular o anunciada los expertos encuentran una postal y no la realidad de esos lugares de detención. Se limpian los patios y celdas y mejora la comida”, explicó.
Como uno de los puntos ejes del funcionamiento de concretarse la Oficina de Prevención de la Tortura provincial, habría una comisión de expertos vinculados con los DD HH dependientes del poder legislativo pero que tendrá plena autonomía en el ejercicio de su gestión.
“Para lograr que esto no se convierta en una oficina administrativa o muy burocrática debemos vincular a las organizaciones de la sociedad civil y tratar que las personas seleccionadas sean personas de prestigio con un grado de compromiso con los Derechos Humanos”, concluyó.
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