Diputados del Frente Amplio UNEN recordaron dos proyectos vinculados a mejorar los ingresos a los trabajadores del Estado que no fueron tratados por el oficialismo en la Legislatura.
La repercusión de la retribución de 2000 pesos a los empleados del Estado Provincial generó reacciones en la oposición porque expresaron que el Gobierno debiera en realidad equiparar las asignaciones familiares con los valores que paga la Nación y recomponer los salarios y derechos de los trabajadores en el Estado. En el caso del pago de la primera cuota de la moratoria previsional, también fue silenciado un proyecto que solicitaba que el Estado provincial abone el 60% de la moratoria previsional de pasantes y beneficiarios del Plan de Inclusión Social y no solamente la primera cuota como anunció el Gobernador.
“Nos entristece que nuestros empleados públicos no sean reconocidos como corresponde. Promediando dos mil pesos a todo el año, son tan sólo 167 pesos mensuales, cuando lo que más piden es que las asignaciones familiares sean igualadas a los montos nacionales”, subrayó el diputado Alberto Fara, autor de la iniciativa presentada por el bloque radical.
“También se dejó de lado la discusión paritaria en San Luis y además vemos con mucha preocupación las dificultades que van a tener los municipios para afrontar esta erogación, muchos de ellos con grandes dificultades para afrontar sus gastos y con la menor coparticipación municipal de toda la Argentina”, añadió.
La otra iniciativa para conseguir que beneficiarios de planes sociales y pasantías puedan jubilarse mediante la moratoria previsional, no fue tratado por las comisiones correspondientes. Los trabajadores que prestaron servicios personales para la Provincia mediante planes sociales, o adheridos a un régimen de pasantías deben tener la posibilidad de compartir el pago de su deuda previsional con la Provincia, para que su haber jubilatorio no sea disminuido considerablemente.
“Por largo tiempo, muchos de los beneficiarios de estos planes sociales o de regímenes de pasantías rentadas desarrollaron tareas en la administración pública que son propias del régimen de empleo público, sin percibir por tales actividades los aportes previsionales que, en caso de haber obtenido su regularización, les debería corresponder”, subrayó el legislador Alejandro Cacace uno de los impulsores de la iniciativa junto al diputado nacional José Riccardo.
Hay 11.420 beneficiarios en total, de los cuales 8334 pertenecen al Plan de Inclusión Social; 1633 a Seguridad Comunitaria y 1453 pasantes en el Gobierno. De la totalidad de los trabajadores hay 396 mujeres y 548 hombres con más de 60 años en condiciones de jubilarse en base a una eventual moratoria previsional.
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