El Concejo Deliberante de San Luis aprobó una resolución para enviar la copia original del decreto donde habría una firma falsa del Intendente Ponce al Superior Tribunal de Justicia.
La prueba será determinante en el juicio que lleva adelante el Municipio capitalino con el órgano legislativo.
El Concejo capitalino aprobó una resolución para remitir al STJ de San Luis el famoso decreto N° 1011 SC y SG- 2013 que dejaba sin efecto la ordenanza impulsada por el concejal Francisco Guiñazú para extender la red de cloacas para vecinos del Pasaje Santa Rosa de la ciudad, en el mismo habría una firma apócrifa del jefe comunal.
El intendente Enrique Ponce inició recientemente un juicio por conflicto de poderes con el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, al considerar que el órgano legislativo no puede darle directrices ejecutivas en el manejo de gestión. Sin embargo, la pericia caligráfica realizada por Christian Levingston más la investigación de expedientes que presentan similares irregularidades modificaría la conclusión del litigio.
“Si la firma es falsa queda automáticamente sin efecto el veto realizado por ser nulo ya que la firma del intendente la que le otorga sustancia y legalidad a ese acto de gobierno”, explicó la concejal Rocha.
“En 3 ocasiones diferentes le hemos pedido al intendente que venga al Concejo y nos diga si firmó o no el mencionado decreto y se haga una nueva pericia caligráfica”, indicó la edil radical.
A su vez el joven perito calígrafo Levingston, públicamente criticado por la Municipalidad presentó su título acreditando no solo su idoneidad, sino que desechando la argumentación orquestada por los asesores jurídicos de la intendencia.
El documento también sostiene que los funcionarios enviados por el Jefe comunal para hablar con los concejales al respecto “nunca pudieron aseverar con grado de certeza si la firma estampada en el decreto cuestionado le pertenece o no al intendente”.
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