Diez años sin Defensor del Pueblo.

Desde el ocho de Noviembre de 2004 el cargo está vacante.

San Luis estuvo entre las primeras provincias argentinas en incorporar esta institución, incluso mucho antes que ocurriera la incorporación a nivel nacional. De esta manera la Provincia se puso a la par de todas las naciones  que encontraron en la Defensoría del Pueblo una forma de facilitarle a su ciudadanía el ejercicio de sus Derechos, al tiempo que estableció un nuevo modo de control del Poder Ejecutivo. Control que es un derecho ineludible de toda democracia.

Sin embargo, esta novedosa institución democrática se vio distorsionada  a raíz de la no designación de un Defensor del Pueblo desde hace casi una década, momento en el que cesó el mandato del último elegido conforme la ley vigente, en el año 2004. Vale destacar que hasta la fecha no se ha producido ninguna propuesta de designación del Defensor del Pueblo ni intento alguno de convocar a la Asamblea General que lo designe lo que implica una flagrante violación al espíritu de nuestra carta magna.

La Constitución de la Provincia establece en su Art. 235 que la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo fundamental “...proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones.” Lo que expone la relevancia de la ausencia de una persona que ocupe este cargo ya que elimina una herramienta constitucional de defensa de  los derechos e intereses públicos de la ciudadanía.