viernes, 14 de noviembre de 2014

Rechazaron el tratamiento del desvío de fondos públicos para una agrupación interna del PJ.



La solicitud contó con el apoyo de toda la oposición, pero los diputados del oficialismo, en silencio y sin dar explicaciones, votaron en contra. El pedido de informes pide certezas acerca de  subsidios recibidos por la agrupación peronista “Juventud Digital” conducida por la pareja del Vicegobernador.

Durante una polémica sesión en la Cámara de Diputados que fue demorada durante dos horas, fue rechazado el tratamiento sobre tablas y girado a comisión el pedido de informes sobre subsidios recibidos por parte de un espacio interno del P.J. con el nombre de “Juventud Digital” que realizó un Foro Juvenil el pasado sábado 8 de  Noviembre en Villa Mercedes y que contó con la presencia de dirigentes del arco oficialista y con el auspicio del Gobierno provincial .

La pareja del Vicegobernador, Anabela Lucero, es quien encabeza la agrupación. El propio Senado de la Provincia, presidido por Jorge Díaz, había publicado en el sitio web institucional el otorgamiento del subsidio.

La solicitud en la Cámara Baja contó con los votos del bloque radical  y del kirchnerismo. Sin embargo, fue votado de manera negativa por la bancada oficialista, con el acompañamiento de Mercedinos por el Cambio, y también del diputado por el PRO, Bartolo Abdala.

“Nos parece muy bien que haya reuniones de agrupaciones políticas, pero una cosa es hacerlo con dineros propios y otra hacerlo con los fondos públicos. Consideramos oportuno el tratamiento del pedido de informe para evaluar las explicaciones que dé el Gobierno sobre estos fondos y conocer la magnitud de los mismos”, fundamentó el diputado Cacace en el recinto.

“La Agencia de Noticias de San Luis publicó el auspicio otorgado por el Gobierno a este evento del 8 de noviembre, sin embargo en los decretos y resoluciones administrativas no se encuentran los montos que fueron entregados en las últimas semanas”, añadió el radical, recordando que el Boletín Oficial de Gobierno también dificulta el control de los destinos que tienen los fondos públicos, ya que con cotidianeidad son comunicados meses después de ser ejecutados, incluso en un plazo posterior a la rendición de cuentas anual.

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