Acusan que las prácticas presupuestarias del Gobierno provincial no se corresponden con una situación de tales características. Presentaron un proyecto de Ley para que la Provincia deje de incumplir sentencias firmes con ese justificativo.
Hace más de diez años que la Provincia de San Luis prorroga su Estado de Emergencia a través de leyes que permiten flexibilizar o eludir su responsabilidad en detrimento de los derechos de particulares.
Durante todo el año el El Superior Tribunal de Justicia comunicó a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Gobernador de la Provincia la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 4 de la Ley N° VIII-0791-2011 de Emergencia Pública en materia Social, Económica, Administrativa y Financiera, a fin de que sea adecuado el régimen vigente a la Constitución provincial.
Los diputados Alejandro Cacace y Juan Manuel Rigau presentaron un Proyecto de Ley que dispone derogar tales artículos y reafirmar el procedimiento establecido por la Constitución Provincial en su artículo 12 sobre cobro de sentencias dictadas en contra del Estado, lo que permite adaptar la legislación al criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia.
“No se condice que son una escuela de administración pública, que son la Provincia mejor administrada del país y nos tienen hace 10 años en emergencia económica”, criticó Cacace.
Por su parte, el diputado Rigau analizó que “cuando hay que pagarle el salario a los empleados públicos, a los médicos y a los docentes estamos en emergencia económica. El Gobierno no realiza recategorizaciones laborales y tampoco cargos por planta permanente en el Estado provincial”.
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